¿Alguna vez has pensado en qué pasaría si el futuro de nuestros estudiantes dependiera de un cuerpo docente sin regulación específica, con salarios precarios y sin una formación continua garantizada? Es precisamente esta realidad la que plantea Manuela Carmena al afirmar que «estamos huérfanos de una Ley de Magisterio». Su reflexión no es solo una crítica política, sino una llamada de atención sobre cómo la falta de un marco normativo integral afecta directamente a la calidad educativa en España.

Carmena, abogada, jueza y exalcaldesa, ha dedicado gran parte de su trayectoria a defender la educación pública y los derechos sociales. En una reciente entrevista, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de regular el estatus del profesorado desde los 0 hasta los mayores años, pasando por la etapa crítica de la primera infancia.

La primera infancia como base del futuro

Uno de los puntos centrales de su intervención es la visión que tenemos sobre la educación infantil de 0 a 3 años. Carmena insiste en que esta etapa no es un simple servicio de guardería para permitir que los adultos trabajen, sino un momento determinante donde se forman las conexiones afectivas e intelectuales del ser humano.

«De lo que se haga en ese momento va a depender la vida adulta», señala. Esta perspectiva obliga a repensar el papel de la pedagogía en estos centros. No basta con cuidar; hay que educar con un proyecto pedagógico sólido, donde la excelencia sea el objetivo y no solo la cobertura de plazas.

En su gestión municipal, optaron por diseñar proyectos propios para las escuelas infantiles, separándose de la red autonómica para garantizar esa calidad. El reto era claro: conseguir que cada centro tuviera un programa educativo excelente, independientemente de si el personal era funcionario o no. La clave estaba en el concurso público, donde se exigía cumplir con ese proyecto.

Salarios y condiciones: la ecuación de la calidad

Pero un buen proyecto pedagógico choca con una realidad incómoda: las retribuciones. Carmena es contundente al decir que los salarios en la enseñanza son «muy escandalosos». Y no solo en la etapa infantil, sino en todo el sistema.

La propuesta es clara: necesitamos una Ley de Magisterio que regule a todas las personas que deciden y ejecutan la formación. Esta ley debería plantear dos cosas fundamentales:

• Mejorar sensiblemente las retribuciones del personal educativo.
• Exigir una formación constante como contrapartida.

No se trata solo de aumentar el sueldo, sino de vincularlo a la profesionalización. En sus pliegos de concurso para escuelas infantiles en Madrid, primaron a las empresas que pagaban por encima del convenio colectivo. La lógica es sencilla: si quieres atraer a los mejores profesionales y garantizar calidad, debes ofrecer condiciones dignas. Las administraciones tienen el poder de exigir esto en los concursos públicos.

Además, la ratio es un factor crucial. Carmena recuerda que en su gestión se trabajó con ratios muy bajas (hasta 8 bebés por educadora) y siempre con doble presencia. Esto no es negociable si queremos garantizar la seguridad y el desarrollo adecuado de los más pequeños.

El debate sobre la internalización y la gestión

Otro punto que genera debate en el sector es la internalización de las escuelas municipales gestionadas por empresas externas. Carmena matiza su postura: no cree que sea estrictamente necesario que todo el profesorado sea funcionario para tener excelencia, pero sí que deben asumir el programa diseñado por la administración municipal.

«Se pueden buscar muchas maneras de incorporar a grupos de maestras y maestros», afirma. El foco debe estar en la calidad del proyecto educativo y en las condiciones laborales, más que en la condición administrativa del personal. Sin embargo, reconoce que la burocracia genera inmovilismo y que la izquierda a veces no tiene claro el modelo de gestión pública que quiere.

La falta de claridad ideológica impide lograr la eficacia y eficiencia necesarias. Mientras tanto, los discursos políticos se quedan cortos ante las demandas reales de jóvenes y familias: salarios, vivienda, acceso al trabajo y educación de calidad. La respuesta no puede ser solo retórica; deben haber resultados tangibles.

Un legado que invita a pensar

Carmena cierra su reflexión citando a Concepción Arenal, una pensadora del siglo XIX que ya entendía la importancia de la acción social y el pensamiento crítico. «Pensar» es lo que debemos hacer ahora. No basta con manifestarse; hay que buscar nuevas formas de poder para cambiar la realidad social.

El futuro de la educación infantil, y de la educación en general, depende de nuestra capacidad para construir un sistema donde el profesorado tenga dignidad, formación continua y salarios justos. Sin una Ley de Magisterio, seguiremos dependiendo de la voluntad política momentánea en lugar de tener un marco estable que garantice derechos y calidad.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que es posible avanzar hacia esa ley sin un cambio profundo en la percepción social del valor del magisterio? La respuesta, como siempre, está en nuestra capacidad para pensar y actuar desde las aulas, los centros y las administraciones.