La ley de ratios y horas lectivas, que iba a bajar de 25 a 22 el máximo de alumnos por aula en Primaria y a fijar un tope estatal obligatorio de 23 horas de clase semanales para los maestros, se ha quedado sin recorrido en esta legislatura. El Real Decreto 806/2026, publicado en el BOE el 6 de octubre, disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el 29 de noviembre, y con la disolución decaen los proyectos de ley que estaban en tramitación. Si un nuevo Gobierno quiere recuperar la reforma, tendrá que empezar de nuevo.

Dos semanas después, el escenario está claro: la ley no se aprobará antes de las elecciones, y otras normas pendientes para el profesorado, como el Estatuto Docente, también quedan en el aire. Repasamos qué recogía el texto, en qué punto estaba, qué dicen sindicatos y partidos y qué cambia, o no cambia, en las aulas andaluzas.

Qué recogía la ley de ratios y horas lectivas

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto en abril de 2026 y el Congreso lo publicó el 4 de mayo, con tramitación urgente. Modificaba la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley 4/2019, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia. Estas eran sus medidas principales:

Fuente: Proyecto de Ley 121/000092, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 4 de mayo de 2026. La aplicación completa de las nuevas ratios estaba prevista para el curso 2031/2032.

Las comunidades autónomas podían mejorar esos mínimos: bajar más las ratios o reducir más las horas lectivas.

En qué punto estaba cuando se disolvieron las Cortes

El texto superó su primer examen el 18 de junio, cuando el Pleno del Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad de PNV y Junts por 329 votos en contra (PP, PSOE, Vox, Sumar, ERC, BNG, Compromís y UPN), 11 a favor y 7 abstenciones (EH Bildu y Coalición Canaria). A partir de ahí entró en la fase de enmiendas parciales, en la que varios grupos habían anunciado cambios. Esa fase no llegó a cerrarse.

El calendario que abre el decreto de disolución es este: campaña electoral del 13 al 27 de noviembre, elecciones el 29 de noviembre y constitución de las nuevas Cortes el 23 de diciembre. Después vendrá la investidura y la formación de Gobierno. Solo entonces el Ministerio de Educación del nuevo Gobierno podrá decidir si vuelve a aprobar el proyecto y lo remite a las nuevas Cortes, donde su tramitación parlamentaria empezaría desde cero.

Lo que dicen sindicatos y partidos

Entre los sindicatos docentes, UGT, CCOO y ANPE han expresado su decepción por la falta de avances normativos y han recordado que el propio Gobierno había bautizado este periodo como la «legislatura del profesorado», según recogió El Español. Desde STEs, la confederación a la que pertenece STECyL-i, su responsable de política educativa, Fernando Villalba, lo resumió así: «Avisábamos de que era imprescindible acelerar la aprobación porque en cualquier momento podía haber elecciones».

En el Congreso, el apoyo a que la ley siguiera adelante fue amplio, pero con matices distintos en el debate de junio:

• El Gobierno, por boca de la ministra Milagros Tolón, defendió que se trataba de un texto negociado con los sindicatos y consultado con las comunidades, y pidió a los grupos mejorarlo juntos.
• El PP votó a favor de que se tramitara. Su diputada Cristina Teniente sostuvo que devolverlo sería «una irresponsabilidad», aunque reclamó que las medidas se aplicaran de forma realista, eficaz y homogénea para que no quedaran en papel mojado.
• Vox anunció que no apoyaba la ley, pero aceptó que se tramitara para enmendarla.
• PNV y Junts pidieron su devolución por invadir, a su juicio, competencias autonómicas. Junts añadió que el Estado imponía obligaciones que pagan las comunidades.
• ERC apoyó que siguiera adelante porque, según su diputada Etna Estrems, hay una demanda real, pero también criticó que fijara obligaciones y dejara a las comunidades el esfuerzo de cumplirlas.

La financiación era, por tanto, uno de los puntos que quedaban por resolver: bajar ratios exige más aulas y más maestros, y esa inversión correspondería sobre todo a las administraciones autonómicas.

Otras normas para el profesorado que quedan en el aire

La ley de ratios no es la única reforma afectada. El Estatuto Docente, que debía unificar entre comunidades el acceso, el ingreso en la función pública y los complementos salariales, seguía en negociación en la Mesa Sectorial y queda suspendido. Sobre la ausencia de una norma así ya escribimos en Estamos huérfanos de una Ley de Magisterio.

Distinto es el caso de los reales decretos, que no necesitan pasar por el Parlamento. Según informó Magisterio el 15 de octubre, el decreto que rebaja las ratios del primer ciclo de Educación Infantil (cuatro bebés por profesional antes del año, seis entre uno y dos años y ocho entre dos y tres) seguía pendiente y aún no había llegado a los órganos consultivos, por lo que su aprobación antes de las elecciones parece difícil. El de Formación Profesional, en cambio, tiene previsto pasar por la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado el 20 de octubre y podría llegar al Consejo de Ministros antes de los comicios si se acelera.

Qué cambia, y qué no, en las aulas de Andalucía

Para un colegio andaluz, la caída de la ley estatal no supone un paso atrás inmediato, porque ninguna de sus medidas había entrado en vigor. Lo que se pierde es el suelo común que iba a garantizar en toda España. En la práctica:

• La ratio legal en Primaria sigue siendo de 25. En Andalucía, la Junta ya ha empezado por su cuenta a bajarla a 22 de forma progresiva en Infantil y Primaria. Este curso 2026/2027 la medida ha arrancado en las clases de 3 años, con nuevas aulas en 234 centros, según el Consejo de Gobierno del 8 de septiembre.
• Las horas lectivas siguen dependiendo de cada comunidad. El tope estatal de 23 horas en Infantil y Primaria no llegará, de momento, por esta vía.
• El alumnado con necesidades educativas especiales no contará doble por ley estatal. Para muchos claustros era quizá la medida con más efecto en el día a día, porque reconocía que un aula con dos o tres alumnos con NEE no funciona igual que otra sin ellos.

Desde un aula de 2.º de Primaria, la diferencia entre 25 y 22 alumnos se nota en cosas muy concretas: el tiempo para atender a cada niño en la corrección, para sentarse con el que se ha atascado en una resta con llevadas o para preparar materiales en varios niveles de dificultad. Por eso el calendario de cada comunidad, y lo que decida el próximo Gobierno, sigue siendo relevante para el profesorado.

Lo que viene ahora

El futuro de la ley de ratios y horas lectivas depende del Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre. El amplio respaldo que tuvo en el debate de totalidad sugiere que bajar ratios y limitar la carga lectiva tiene apoyos en casi todo el arco parlamentario; el desacuerdo está en quién decide y quién paga. Hasta entonces, las mejoras que lleguen a las aulas dependerán de lo que haga cada comunidad autónoma.

Fuentes

• Congreso de los Diputados: Proyecto de Ley 121/000092, por el que se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, y la Ley 4/2019 (BOCG, serie A, núm. 93-1, 4 de mayo de 2026).
• Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes: El Gobierno aprueba el proyecto de Ley que baja las ratios y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes (21 de abril de 2026).
• Infobae: Ya es oficial: el BOE publica el Real Decreto que convoca elecciones generales el 29 de noviembre (6 de octubre de 2026).
• Magisterio: El Congreso rechaza los vetos de PNV y Junts y tramitará la bajada de ratios en las aulas (18 de junio de 2026) y Los decretos para bajar las ratios de Infantil y frenar la FP privada, en el aire (15 de octubre de 2026).
• El Español: La bajada de las ratios, el límite de jornada lectiva o el Estatuto del Docente quedan paralizados por el adelanto electoral (6 de octubre de 2026).
• STECyL-i: El adelanto electoral tumba las mejoras laborales del profesorado (6 de octubre de 2026).
• Junta de Andalucía: Andalucía inicia el curso 26-27 con ratio reducida a 22 alumnos en Infantil y refuerzo de plantillas (8 de septiembre de 2026).